Derechos de los extranjeros en materia de vivienda

 
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La igualdad de derechos en materia de ayudas por vivienda entre españoles y extranjeros sólo resulta obligada en caso de extranjeros en situación de residencia de larga duración (permanente), mientras que para los extranjeros residentes temporales las leyes específicas y las Administraciones competentes pueden introducir legítimamente diferencias de trato en el régimen de ayudas en materia de vivienda.

Contenido
  • 1 Introducción al derecho a la vivienda de los ciudadanos extranjeros
  • 2 Derechos en materia de vivienda de los ciudadanos extranjeros
  • 3 Vivienda adecuada a acreditar por un extranjero para la obtención de una autorización de residencia por reagrupación a favor de sus familiares
  • 4 Ver también
  • 5 Recursos adicionales
    • 5.1 En formularios
    • 5.2 En doctrina
  • 6 Legislación básica
  • 7 Legislación citada
  • 8 Jurisprudencia citada
Introducción al derecho a la vivienda de los ciudadanos extranjeros

El Tribunal Constitucional determina la posición jurídica de los extranjeros en España a partir del art. 10.1 (dignidad de la persona) y el art. 13 de la Constitución Española (CE) , estableciendo en su doctrina una clasificación de derechos basada en último término en la distinción entre titularidad de los derechos y ejercicio de los mismos, por su conexión con la garantía de la dignidad humana:

  • Derechos que corresponden por igual a los españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos, por ser inherentes a la dignidad humana. Así, «derechos tales como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica, etc., corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta posible un tratamiento desigual respecto a ellos en relación a los españoles» (STC 107/1984 de 23 noviembre [j 1]). A estos derechos han de añadirse el derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho instrumental a la asistencia jurídica gratuita (STC 99/1985 [j 2], STC 95/2003 [j 3], y STC 236/2007 [j 4]), el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etc. (STC 137/2000, de 29 mayo [j 5]) y el derecho a la libertad personal y la seguridad (STC 115/1987 [j 6]), así como el derecho a la educación de los menores de edad, que comprende tanto la enseñanza básica y obligatoria como la enseñanza no obligatoria (STC 236/2007 [j 7]), y el derecho de huelga (STC 259/2007 [j 8]).
  • Determinados derechos fundamentales, inherentes a la dignidad de la persona, se reconocen expresamente a los extranjeros en la CE , pero su ejercicio puede ser modulado por el legislador, respetando su contenido esencial, en atención a la situación administrativa de los extranjeros en España. En efecto, la STC 236/2007 de 7 noviembre [j 9], cuya doctrina se reitera en las posteriores STC 259/2007 [j 10], STC 260/2007 [j 11], STC 261/2007 [j 12], STC 62/2007 [j 13], STC 263/2007 [j 14], STC 264/2007 [j 15], STC 265/2007 [j 16], sienta el criterio de que el requisito de la estancia o residencia legal puede ser tenido en cuenta por el legislador para establecer determinadas condiciones para el ejercicio por los extranjeros de determinados derechos que corresponden a éstos constitucionalmente en su condición de persona, con independencia de su situación administrativa, en referencia, concretamente, a los derechos de reunión y manifestación , de asociación , y libre sindicación (con exclusión del derecho a afiliarse a una organización sindical). El Tribunal Constitucional señala que el legislador puede modular el ejercicio de estos derechos por los extranjeros que no tengan autorización de residencia o estancia en España, siempre y cuando esa modulación legal respete el contenido constitucionalmente declarado de esos derechos, pero lo que no es constitucionalmente admisible es que el legislador deniegue, sin más, el ejercicio de esos derechos a los extranjeros que carezcan de autorización de residencia o estancia en España.

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