Política inmigratoria

 
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La Ley orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social vino a incorporar a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LODLEE) un nuevo art. 2 bis que recoge los principios que en relación con la inmigración debe inspirar toda actuación de las Administraciones Públicas y que bien pueden ser sistematizados en la idea de inserción social. El propio el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (RLODLEE) lo reconoce cuando señala que:

«Los poderes públicos deben favorecer la plena integración de los inmigrantes en nuestro país y garantizar la convivencia y la cohesión social entre los inmigrantes y la población autóctona».

Se trata, por tanto, ahora de analizar la regulación de la política inmigratoria, al menos desde un perspectiva estrictamente jurídica, contenida en los arts. 2 bis y ter, LODLEE .

Contenido
  • 1 Principios de la política de inmigración
  • 2 Integración de los inmigrantes
  • 3 Recursos adicionales
    • 3.1 En formularios
    • 3.2 En doctrina
  • 4 Legislación básica
  • 5 Legislación citada
Principios de la política de inmigración

Esta regulación comienza ( arts. 2.1 bis LODLEE ) con una previsión puramente competencial al indicar que:

Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el art.149.1.2 de la Constitución Española (CE) , la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales.

Seguidamente, el artículo citado contiene una lista que, como ya adelantamos, marca las pautas de política de inmigración que deben guiar la actuación administrativa en esta materia. Así pues:

Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios: a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea; b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo;c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las Leyes reconocen a todas las personas;g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas;h) la persecución de la trata de seres humanos;i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

Se trata de políticas que o...

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