Modalidades de trata de seres humanos en España e identificación y protección

Autor:Alberto Palomar (Magistrado de lo contencioso- administrativo) y Javier Vázquez (Letrado de la Comunidad Autónoma de Illes Balears y de la Administración de la Seguridad Social)
 
EXTRACTO GRATUITO

Existen diferentes modalidades de trata de seres humanos y las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la identificación y la protección de las víctimas.

Contenido
  • 1 Modalidades de trata de seres humanos en España
  • 2 Identificación y Protección contra la trata de seres humanos
    • 2.1 Normativa internacional y europea en materia de trata de seres humanos
    • 2.2 Normativa nacional en materia de trata de seres humanos
      • 2.2.1 Requisitos de procedimiento en materia de trata de seres humanos
      • 2.2.2 Autorización de residencia en materia de trata de seres humanos
  • 3 Ver también
  • 4 Recursos adicionales
    • 4.1 En formularios
    • 4.2 En doctrina
  • 5 Legislación básica
  • 6 Legislación citada
Modalidades de trata de seres humanos en España

La Fiscalía General del Estado, esgrime acerca de la inexistencia de supuestos que pudieran encajar en la definición típica de trata laboral, es decir supuestos:

«En los que se haya producido la captación, traslado o recepción de persona del lugar de su residencia a otro extraño mediante alguno de los medios comisivos definidos en el art. 177 bis del Código Penal (CP) con fines de explotación laboral en régimen de esclavitud o de servidumbre».

Sin embargo, la misma sí que pone manifiesto situaciones de abuso respecto a ciudadanos extranjeros que, encontrándose sin las correspondientes autorizaciones administrativas de residencia en España, fueron contratados y se les impusieron unas condiciones de trabajo o de seguridad social manifiestamente ilegales o patentemente leoninas, tipificadas en el art. 312, CP .

Así en el último trimestre de 2011, la Fiscalía General del Estado remitió una nueva Circular (Circular 5/2011, de 2 de noviembre de 2011) a los fiscales sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de extranjería e inmigración, en la misma se analiza en su apartado II 4.1 el primer grupo de conductas que se describen en el apartado a) del art. 177 bis.1, CP como finalidades de delito de trata de seres humanos , que son: la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, o a la mendicidad:

« Es importante señalar en este momento que, al menos desde la experiencia judicial nacional, la trata de seres humanos en España tiene que ver esencialmente con esa servidumbre por deudas, es decir cuando el afectado se somete a la situación de dominación como único medio de satisfacer las deudas con el tratante. No son pocos los casos enjuiciados por nuestros tribunales en que unos inmigrantes –cualquiera que fuera su procedencia– han sido desplazados de su residencia habitual mediante falsas promesas de un buen puesto de trabajo en España, se les ha facilitado toda la cobertura económica necesaria para el transporte, y han sido recibidos y alojados en pisos o lugares previamente dispuestos. Es entonces, cuando se les comunica que han contraído una descomunal deuda que solo pueden solventar realizando trabajos en condiciones extraordinariamente abusivas e indignas (jornadas agotadoras, obligación de reembolso de los gastos exagerados de manutención, remuneraciones prácticamente inexistentes, alojamiento en condiciones infrahumanas, imposición de multas, etc.). En caso de negativa a trabajar han sido obligados coactivamente, con amenazas, llegándose, incluso, a privarles de libertad. En esta categoría, obviamente, se encontrarían los supuestos de captación de jóvenes extranjeras para el ejercicio de la prostitución consentida en España, es decir de aquellas mujeres que bien ya ejercían la prostitución en su país de origen, bien ya se les advirtió que ese era el «trabajo» a realizar en España».
Identificación y Protección contra la trata de seres humanos Normativa internacional y europea en materia de trata de seres humanos

Siguiendo lo establecido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en «Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas» Naciones Unidas, 2010123, se constituyen como ejemplos de medidas contra la trata de personas que pueden repercutir negativamente en los derechos establecidos:

  • La detención de personas víctimas de trata en centros de inmigración o albergues.
  • El procesamiento de personas víctimas de trata por delitos relacionados con su situación jurídica, entre ellas la entrada ilegal, la residencia ilegal y el trabajo ilegal.
  • La denegación de visados o autorizaciones de entrada o salida, sea de aplicación general o sólo en relación con un grupo de personas identificadas como especialmente vulnerables a la trata.
  • La denegación del derecho de todas las personas, incluidas las que han sido objeto de trata, a solicitar asilo por ser perseguidas.
  • Denegación de los derechos fundamentales a los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y los que no se encuentran legalmente en el territorio del Estado.
  • Redadas, rescates y otras operaciones de captura en las que no se tengan debidamente en cuenta y se protejan los derechos de las personas afectadas.
  • La repatriación forzosa de las víctimas en peligro de sufrir represalias o de volver a ser objeto de trata.
  • Denegación del derecho a reparación.
  • Violaciones de los derechos de personas sospechosas o juzgadas por participar en trata de personas y delitos conexos, incluidos los juicios no imparciales y las sentencias inapropiadas.
  • Las leyes o los procedimientos que autoricen cualquiera de los anteriores ejemplos.

En cuanto al protocolo de identificación, el Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata de seres humanos , dedica su capítulo III (arts. 10 a 17) a la protección y asistencia a las víctimas de trata.

Normativa nacional en materia de trata de seres humanos

La normativa española que regula el procedimiento para la protección e identificación de las víctimas de trata ha tenido en cuenta las obligaciones dimanantes de la entrada en vigor en nuestro país del citado Convenio , ya que el art. 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LODLEE) en su apartado primero establece:

«Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el art. 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005 ».
Requisitos de procedimiento en materia de trata de seres humanos

En seno del procedimiento debemos estar ante los siguientes requisitos:

Las partes verificarán que sus autoridades competentes disponen de personal formado y cualificado para la prevención de la trata de seres humanos y la lucha contra la misma y para la identificación de las víctimas.
  • Colaboración entre autoridades y ONGs: Además de la importancia de la formación de las autoridades encargadas de la identificación de las víctimas, el apartado primero del art. 10, Convenio del Consejo de Europa establece la necesidad de que:
«... las diferentes autoridades implicadas colaboren entre ellas, así como con las organizaciones que cumplen funciones de apoyo, con el fin de que sea posible identificar a las víctimas...».

Asimismo, el art.11.4 de la Directiva 2011/36/UE señala:

«4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer mecanismos apropiados dirigidos a la identificación, la asistencia y el apoyo tempranos a las víctimas, en cooperación con las organizaciones de apoyo pertinentes».

Por su parte, el art. 59 bis, LODLEE , en su apartado 6, señala:

«Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración con las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y la protección de las víctimas de trata de seres humanos».

A pesar de esta remisión reglamentaria, el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (RLODLEE) , no cumple el citado mandato, sino que lo remite a un protocolo. En su art.140.1 señala:

«Las Secretarías de Estado de Inmigración y Emigración; de Justicia; de Seguridad, y de Igualdad impulsarán la adopción de un protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos en el que se establezcan las bases de coordinación y actuación de las instituciones y administraciones con competencias relacionadas con este capítulo. En el citado protocolo se recogerá el ámbito y forma de participación de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras asociaciones de carácter no lucrativo que, por su objeto, estén especializadas en la acogida y/o protección de las víctimas de trata de seres humanos y que participen en los programas desarrollados por las administraciones públicas para la asistencia y protección de las mismas».
«... Las partes verificarán, cuando las autoridades competentes estimen que existen motivos razonables para creer que una persona ha sido víctima de trata de seres humanos , que no se aleja de su territorio hasta que finalice el proceso de identificación... y que goza de la asistencia prevista...».

Por su parte la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011 , también se refiere en su art. 11 a la importancia de una identificación temprana de la existencia de una presunta víctima de trata como la piedra angular de la prevención y de la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. Y tanto el art. 59 bis, LODLEE como su desarrollo reglamentario centran las previsiones del procedimiento de identificación en las víctimas extranjeras en situación irregular. Sin embargo, el Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos, si bien de manera confusa, se refiere también, en algunos de sus apartados, a las víctimas extranjeras en situación regular y no hace distinciones respecto de la situación administrativa de la víctima al detallar los servicios a los que puede tener acceso. Así, el Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos establece, en su apartado VI.C, el procedimiento a seguir para la determinación de la existencia de motivos razonables de que una persona es víctima de trata de seres humanos , en el que se reproducen los principales indicadores señalados por distintos organismos internacionales así como por las entidades especializadas que trabajan con víctimas en España.

Autorización de residencia en materia de trata de seres humanos

El Convenio del Consejo de Europa dispone en su art. 14.1 que los Estados:

«Expedirán un permiso de residencia renovable a las víctimas, cuando se den uno o ambos de los dos supuestos siguientes: a) la autoridad competente considera que su estancia es necesaria a causa de su situación personal; y b) la autoridad competente considera que su estancia es necesaria a causa de su cooperación con las autoridades competentes para los fines de la investigación o de las acciones penales».

Por su parte la Directiva 2011/36/UE establece en su art. 11.3 :

«3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el que esté bien la asistencia y el apoyo a la víctima no se supediten a la voluntad de esta de cooperar en la investigación penal, la instrucción o el juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/81/CE o en normas nacionales similares. Y el art. 59 bis, LODLEE introduce los dos supuestos previstos en el art. 14.1, Convenio del Consejo de Europa .

Y establece en su apartado cuarto:

«La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente. En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de la aportación de aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima».

A su vez el art. 144, RLODLEE desarrolla el procedimiento para la obtención de la autorización de residencia y trabajo, y designa al organismo encargado de resolver la solicitud en función de que la misma se formule por colaboración con las autoridades o por situación personal de la víctima. Diferencia también dos tipos de autorizaciones de residencia, una primera temporal y otra que denomina definitiva con una duración de cinco años.

Ver también

Recursos adicionales

Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Delito de trata de seres humanos

Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Extranjería

En formularios En doctrina Legislación básica

Legislación citada

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS